El Gobierno ha defendido, en respuesta a una pregunta del senador Miguel Lorenzo (Partido Popular), que la Policía actuó según la ley en la detención del jugador del Deportivo Álex Bergantiños a principios de agosto. Una actuación que se debió tras una denuncia por la presunta comisión de un delito de corrupción entre particulares en el ámbito del deporte.
El centrocampista fue investigado a raíz de una denuncia de LaLiga. Fue tras haberse filtrado un audio en el que se refería como «paripé» al partido aplazado con el Fuenlabrada. Un partido correspondiente a la última jornada de la temporada pasada en LaLiga SmartBank y al que su equipo llegó descendido tras resultados de terceros.
El senador del Partido Popular Miguel Lorenzo, presentó en la comisión de Cultura y Deporte de la Cámara Alta una batería de preguntas. Todas ellas sobre la actuación policial en la detención de Bergantiños, ha considerado que el Gobierno le respondió con evasivas. «La Policía Nacional actúa de oficio o a instancia de parte. Al tenerse noticias de un hecho que podría ser constitutivo de un delito recogido en el Código Penal, perseguible de oficio; la Policía Nacional actuó conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal», justificó el Gobierno a preguntas del senador.
Lorenzo ha replicado que «detener a una persona en plena calle; mandar a dos agentes desde Madrid es una actuación policial, no judicial, excede de lo habitual. Esa no es la práctica diaria de la policía ante una denuncia de este tipo». El senador ha apuntado que «ningún juzgado había requerido la actuación de la Policía». También que Álex Bergantiños «pese a ser detenido en la calle a plena luz del día y delante de su familia, declaró en el cuartel de Lonzas ante los agentes desplazados desde Madrid y quedó en libertad«.
Posteriormente, el juzgado de instrucción número 3 de A Coruña, a la vista de los hechos denunciados y de su declaración, decretó el sobreseimiento provisional del caso. También se preguntó respecto al coste económico en recursos públicos del desplazamiento de efectivos para detener al capitán del Deportivo. El Ejecutivo, de acuerdo a lo expuesto por Lorenzo, consideró que «los gastos fueron los habituales».