El Real Murcia CF está ultimando el recurso de casación que presentará ante el Tribunal Supremo. Está previsto que ese recurso, que la entidad califica como «básico» y «clave» para intentar «la viabilidad y supervivencia del club», le dé la razón que hace un mes le quitó la Audiencia Provincial. Entonces ésta falló a favor del empresario mexicano Mauricio García de la Vega, quien pasaría así a ser el dueño de la entidad.
Antonio Rubio, abogado y secretario del consejo de administración grana, trabaja para tumbar el fallo judicial emitido a comienzos de febrero y evitar así que García de la Vega pase a ser el máximo accionista. El dueño de Iconos Nacionales, quien asiste desde México a los acontecimientos, ha defendido y sigue defendiendo ser el dueño legítimo del Real Murcia; al comprarle su paquete de acciones a quien lo fue antes, el extremeño Raúl Moro Martín.
La última sentencia judicial, si el Supremo no corrige el fallo, propicia que vaya a volver al club después de que la Audiencia Provincial declarara nula la ampliación de capital que se realizó en el Murcia desde finales de 2018. Una ampliación que acabó haciendo a Francisco Tornel, actual presidente, máximo accionista de la sociedad.
García de la Vega recurrió dicha ampliación de capital al considerar que se llevó a cabo de forma irregular. Algo que así estimó la Audiencia Provincial en su fallo y le devuelve la mayoría accionarial. El empresario mexicano mantuvo un primer contacto con la directiva grana. Luego fue un interlocutor suyo el que ha hablado con la actual cúpula del club; sin que se haya avanzado en absoluto, tal y como indica Rubio.
«Realizamos un acercamiento a Mauricio García de la Vega, como dijimos que haríamos. Pero no está por la labor», ha dicho el secretario murcianista, con respecto a alguien que ha reclamado un sitio ya en el Consejo de Administración cuando tiene abierto este frente judicial y otros contra la institución. El propio Rubio ha insistido que con este recurso está en juego la supervivencia de la entidad grana. Y es que de confirmarse definitivamente el fallo de la Audiencia Provincial se volvería a estar en causa de disolución como estaba en 2018.